Empresas Shelf, Atrasos, Agentes registrados y cumplimiento

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Empresas Shelf, Atrasos, Agentes registrados y cumplimiento

Empresas “Shelf”, atrasos, agentes registrados y cumplimiento

Haciendo limpieza después de los Papeles de Panamá

¿Cómo podría Panamá, después del fiasco de los Papeles de Panamá, limpiar su acto con facilidad y con el golpe de una pluma?

Una forma de deshacerse de las compañías “shelf”, los clientes que no cumplen y los atrasados ​​es:

Desde mi punto de vista, eliminar a todas estas empresas toma ademas, una serie de problemas. En primer lugar, estas empresas tenían al menos 3 años de atraso. En segundo lugar, el cliente no está en contacto con el agente registrado. Esto significa que el agente registrado no ha actualizado la debida diligencia del cliente. En tercer lugar, en 2015 se abolieron las acciones al portador. Las compañías solo tenían acciones nominativas, a menos que se tomaran medidas por parte del agente registrado. Con toda probabilidad, esto no se hizo. En cuarto lugar, la compañía probablemente no tenga registros financieros. Finalmente, las compañías de estanterías prácticamente no se completan, a menos que el proveedor las haya actualizado. Es de esperar que todos estos cambios hagan que Panamá sea un lugar mejor para incorporar y ejecutar negocios legítimamente.

Si cree que su empresa podría haber sido impactada por error, y posee activos (bienes inmuebles o una cuenta bancaria), debe reactivar su empresa. Para asistencia legal con Panama Corporation, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina.

Atrasos

Las corporaciones que fueron canceladas por el Departamento de Impuestos deben $ 30 millones más en honorarios del gobierno. Estas son renovaciones anuales no pagadas. No solo no se pagó el gobierno, lo más probable es que no se pagara el agente registrado en Panamá. Dudo que se pague a los directores. Antes de la modificación del Artículo 318-A del Código Fiscal en 2016, las compañías no se disolvieron automáticamente hasta 10 años después de que dejaron de pagar las tarifas anuales de renovación. Eso fue 10 años que la empresa continuó existiendo sin estar en contacto con nadie en Panamá.

Desafortunadamente, aun así, el Departamento de Impuestos careció de eficiencia al notificar al Registro Público sobre dichos atrasos y al publicar los avisos de disolución. En mis más de 20 años en Panamá, solo he visto esta lista de anuncios de 10 años publicada una vez. En virtud de la enmienda de 2016, después de 3 años, el Departamento de Impuestos notifica al Registro Público que ponga a estas empresas como “eliminadas”, que no pueden llevar a cabo ningún negocio, y dos años más tarde, si no son reinstaladas, automáticamente pasan a liquidación involuntaria y disolución Y así, en 2017, unas 40,000 empresas más son eliminadas. En 2019, a menos que se reactiven, estas compañías se “disuelven” automáticamente. Por lo tanto, los bancos de todo el mundo están exigiendo, muchos anualmente, un Certificado de Paz y Salvo para las empresas.

Agentes Registrados

Muchos agentes registrados darán un suspiro de alivio con esta lista de 40,000 compañías que son eliminadas. Esas son 40,000 compañías que los agentes registrados de Panamá ya no tienen que preocuparse con respecto a la Ley 2 (2011) y la Ley 23 (2015), siempre que tuvieran su KYC en el lugar en el momento de la incorporación, o al menos hasta 2013 o 2014. Después de Panama Papers, ¡es hora de una limpieza masiva! Algunas empresas lo hacen voluntariamente, pero el costo económico es oneroso.

La Ley 2 (2011) ofrece al agente registrado la opción de renunciar a todas las empresas en las que han perdido contacto con el cliente y no pueden actualizar la debida diligencia. Esto requiere la preparación de escrituras públicas (costos notariales) y la presentación en el registro público (también costo). Todo, alrededor de $ 100.00 por corporación. Si tiene 10 compañías, eso es $ 1,000.00; para 100 empresas que $ 10,000.00. Y eso es 40,000 compañías de las cuales los Agentes Registrados no tendrán que renunciar.

Desde febrero de 2016, todos los Agentes Registrados en Panamá debían contar con la documentación KYC vigente para todas las empresas activas bajo su administración, independientemente de la fecha de incorporación. Además, los agentes registrados pagan los costos del espacio físico (almacenamiento u oficinas) para todos estos archivos, además de ser administrativamente responsables de las compañías según la Ley 2 (2011) y la Ley 23 (2015). La activación automática y luego la disolución liberarán este espacio y el costo para los agentes registrados.

Acciones al portador: 31 de diciembre de 2015

El 31 de diciembre de 2015, mediante la Ley 47 (2013) las compañías que no habían sido elegidas expresamente para poner sus acciones bajo custodia, tenían sus Artículos de Incorporación modificados para prohibir el uso de acciones al portador. Si una empresa, el 31 de diciembre, tenía acciones al portador, estas acciones se cancelaron automáticamente. Para las empresas que estaban activas y adecuadamente gestionadas, eso significaba que antes (o el) 31 de diciembre, aprobaron una resolución corporativa para intercambiar las acciones al portador por acciones nominativas. Las empresas que no cumplieron quedaron sin accionistas. Las acciones al portador fueron canceladas, pero no reemplazadas. Hacer frente a estas compañías, y disolverlas en dos años, es una buena manera de limpiar aquellas compañías que no cumplen con los requisitos estipulados y las reglamentaciones impuestas.

Registros contables

A partir del 1 de enero de 2017, todas las empresas en Panamá deben mantener registros contables. Estos registros no necesitan ser archivados. Las declaraciones de impuestos no son obligatorias. Pero el agente registrado debe recibir de todas las empresas activas una confirmación por escrito de dónde y cómo se mantienen dichos registros contables. Obviamente, para aquellas compañías que no están actualizadas y en contacto con el agente registrado, esta información no está registrada.

Compañías de estanterías

Una sociedad anónima o una sociedad anonima antigua es una corporación que no ha tenido actividad. Se incorporó, con un consejo de administración (nominados) designado, y se fue sin actividad: se puso el “estante” proverbial. Uno de los problemas con estas compañías es que no tienen accionistas ni beneficiarios: están esperando a ser comprados. Luego, cuando se venden, las acciones se emiten – “apropiadamente anticuadas”. Podrán emitirse poderes “debidamente fechados”. Los contratos pueden ser firmados con “fechas apropiadas”.

El problema no es que una de las compañías tenga ocho años y se nombra un nuevo consejo de administración, y las acciones se emiten con la fecha actual. El problema con la compañía de plataforma es que las transacciones pueden ser retroactivas para reflejar haber tenido lugar en el momento de la incorporación, aunque en ese momento, el cliente ni siquiera era el propietario de la compañía. Por supuesto, los Papeles de Panamá se enfocaron principalmente en las “compañías fantasmas”, en lugar de las compañías de estanterías. Las compañías de Shelf son aquellas que en realidad no se comerciaban, pero solo conchas usadas por el cliente para esconder un activo o una transacción.

Esto no significa que todas las compañías de estanterías hayan sido borradas con este cambio: si el proveedor que tenía la corporación de estantería estuviera actualizado en todas las tarifas del gobierno, la empresa seguirá existiendo. Pero en términos de cumplimiento, es difícil encontrar una forma legítima de que la empresa pueda existir y cumplir. Las acciones de una nueva compañía deben emitirse dentro de los 30 días de su incorporación. ¿Quién es el accionista? Y si se requiere que el agente registrado mantenga todos los registros relativos a la propiedad beneficiaria de la compañía desde su incorporación, no hay margen de maniobra para emitir acciones a otra persona a partir de la fecha de constitución.

Proyecto 509: 2017 – Cambios en el Impuesto a la Propiedad de Panamá

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Proyecto 509: 2017 – Cambios en el Impuesto a la Propiedad de Panamá

Durante aproximadamente un año, Panamá ha debatido el gobierno descentralizado. Utilizará impuestos sobre la propiedad para ayudar a los ayuntamientos locales en este empeño. La resistencia al cambio ha sido muy vocal, especialmente cuando ocurrió el alarmismo: perderás tus hogares. Si no paga los impuestos de su propiedad, se le quitará su hogar. Esta es solo otra medida de expropiación. A fines de agosto,  el  proyecto 509 fue devuelto al primer debate para volver a redactar después de una protesta pública. Pasó por un largo segundo debate. Anoche, Proyecto 509 fue aprobado por la legislatura en su tercer debate. Ahora espera la promulgación de la ley por el presidente, Juan Carlos Varela. Esperamos que sea sancionado por el Presidente y publicado, ya que no hay presión para el veto o un debate más profundo.

Proyecto 509 – 2017

El debate principal se centró en un artículo que eliminaba las exenciones fiscales que disfrutan las Zonas Francas. “Zonas de libre comercio” se refiere a Zonas de procesamiento, Baru, Colon FTZ y Panamá Pacífico. La mayoría de las Cámaras de Comercio en Panamá se opuso a la modificación de su tratamiento fiscal. Afirmaron que es importante tener seguridad jurídica para los inversores extranjeros. Aunque estos cambios fueron prospectivos, modifican todas las leyes especiales que establecieron estas Zonas Francas. Una preocupación clave es la inversión: los inversores privados en infraestructura se espantarán si se hacen cambios. Las Zonas Francas han sido golpeadas duramente en los últimos años por otros factores económicos, algunos de los cuales han diezmado sectores del negocio.

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Para los propietarios de viviendas, sin embargo, Bill 509 promete una gran reducción en los impuestos a la propiedad. En algunos casos, una reducción de hasta el 0%. Para la mayoría, la reducción será del 75%, y para algunas de las propiedades de mayor valor, solo una reducción del 50%. Tal como está, Bill 509 establece las siguientes tasas impositivas para las residencias de familias primarias:

  1. 0% para viviendas valoradas en menos de $ 120,000.00
  2. 0.5% para viviendas valoradas entre $ 120,000 y $ 700,000
  3. 0.7% para viviendas valoradas en más de $ 700,000.00

Estas nuevas tasas impositivas se aplican a partir del 1 de enero de 2019. Esto se debe a que antes de esa fecha, los propietarios deben presentar al Departamento de Impuestos sus declaraciones juradas con respecto a su “residencia principal” o “hogar familiar”, para establecerlo como la residencia que recibe estas nuevas tarifas.

Sin embargo, un propietario con más de una propiedad, será elegible para estas nuevas tasas impositivas solo en su residencia principal. Las siguientes tarifas se aplican a casas de fin de semana o de vacaciones, inversión, alquiler, propiedades comerciales o industriales:

  1. 0% – menos de $ 30,000 (esto permanece igual)
  2. 0.6% para propiedades valoradas entre $ 30,000 a $ 250,000
  3. 0.8% de propiedades valoradas entre $ 250,000 a $ 500,000
  4. 1.0% para propiedades valoradas en más de $ 500,000.00

Incluso para las propiedades en el grupo más alto, esta es una reducción de la tasa impositiva existente más alta en propiedades del 2,1%.

Bill 509: colecciones mejoradas

Uno de los cambios que introduce el proyecto 509 que ayudará con las cobranzas es que nombra bancos y compañías de financiamiento hipotecario como cobradores de impuestos. Esto no se aplica a los compradores de vivienda por primera vez, pero se aplica a todos los demás compradores. Los bancos agregarán los impuestos a la propiedad debido a las tarifas mensuales, los intereses y el capital calculados e incluirán el impuesto en los pagos mensuales. Luego, el banco enviará los impuestos sobre la propiedad a la oficina tributaria correspondiente.

El proyecto de ley 509 también establece que no se llevarán a cabo evaluaciones sobre los valores de las propiedades hasta 2024, lo que permite 5 años a los valores actuales de las propiedades. Sin embargo, espero que después de 2024, haya un movimiento general por parte del departamento de impuestos para obtener tasaciones actualizadas en todas las propiedades con el fin de recopilarlas.

Buenas noticias: Moratoria

Para cualquier persona que debe impuestos a la propiedad, la buena noticia es que hay una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2017 para estar al día. Esta moratoria garantiza que solo pague los impuestos reales que debe: están cancelando los intereses y las multas si paga todos los impuestos a la propiedad que se deben. Para algunos propietarios, esto será miles de dólares en ahorros.

Gray & Co. proporcionará una actualización una vez que la ley haya sido sancionada y publicada. También estamos disponibles para ayudar a los clientes a estar al día con el pago de sus impuestos a la propiedad, aprovechando al máximo la moratoria que se ofrece.

En 2018, nuestra oficina estará disponible para ayudar a los clientes a registrar su residencia principal bajo esta nueva ley con el fin de aprovechar las nuevas tasas impositivas.

 

Inspecciones “in situ” : solución de lavado de dinero y aplicación de medidas antiterroristas.

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Inspecciones “in situ” : solución de lavado de dinero y aplicación de medidas antiterroristas.

Inspecciones “in situ” : solución de lavado de dinero y aplicación de medidas antiterroristas.

En julio de 2017 se aprobó la resolución JD-REG-001-17, que es relativa a la supervisión y regulación de personas no financieras. En esta resolución se establecen los procedimientos para las inspecciones in situ, revisando los procedimientos y documentación para el cumplimiento correspondiente de la Ley 23 (2015).

 

Transfondo Objetivo.

Como se explicó en un post anterior, la Ley 23 estableció la Intendencia y reguló los tipos de negocios y profesionales supervisados ​​por la Intendencia. Esto incluyó compañías en las Zonas Francas y Panamá Pacífico. Asimismo, incluía promotores inmobiliarios, corredores de bienes raíces, abogados y contadores. En particular, la Ley 23 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El artículo 13 de la Ley encarga a la Intendencia la supervisión y regulación de “personas no financieras”.

El Articulo 13 del Decreto Ejecutivo 361 (2015), adoptado conforme a la Ley 23 (2015), establece que como parte de la supervisión, la Intendencia realizará inspecciones in situ de estas personas no financieras. También proporciona inspecciones fuera de sitio, donde simplemente hay entrega de documentación e informes a la oficina de la Intendencia. La intendencia requiere el acceso a información relevante y pertinente para medir la efectividad de los controles puestos en marcha. Esto en particular es muy importante en los modelos de negocio que tienen mayor riesgo, para asegurar el cumplimiento del mismo. Con esto en presente en mente, la Intendencia estableció en JD-REG-001-17 las pautas para solicitar información o documentos como parte de las inspecciones.

 

Inspecciones in situ

Para realizar una inspección, ya sea en el sitio o fuera del sitio, la Intendencia debe notificar por escrito. El plazo para la inspección, el alcance y la documentación o información solicitada se requieren en la carta. También debe indicar el formato que se utilizará (si procede).

La persona o entidad bajo inspección debe entregar la información o documentación en las fechas requeridas, en el formato solicitado. Los originales, las copias, el formato electrónico o cualquier otro medio de entrega deben permitir a la intendencia obtener una visión clara y real de la situación de las transacciones que se supervisan. La intendencia puede solicitar que los documentos sean traducidos al español.

Cumplimiento tardío e incompleto

Se considerará que no se ha cumplido con el requerimiento que se proporciona con el retraso en absoluto. Si la información o la solicitud de documentación es incompleta, ilegible o en un formato diferente al solicitado, también pueden aplicarse sanciones.

Costes de inspección

En este momento, no tenemos idea de cuál será el costo real de las inspecciones, aunque se entiende que la Intendencia (similar al Superintendente Bancario) cobra a las entidades bajo supervisión para hacer inspecciones in situ. Se les cobra por la mano de obra necesaria para estar en sus oficinas por el tiempo que pasan allí. Otros costos indirectos son el espacio, Internet y conexiones telefónicas que deben proporcionarse, y el personal que necesita ser asignado para asistir y proveer la documentación interna que está siendo inspeccionada y revisada.

Nuestra firma puede ayudar con manuales de cumplimiento, preparación de políticas y procedimientos y preparación para tales inspecciones.

Cuenta Bancaria Corporativa en Panamá

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Cuenta Bancaria Corporativa en Panamá

Apertura de cuentas bancarias corporativas en Panamá.

La semana pasada, nuestro puesto se ocupó de abrir cuentas bancarias personales en Panamá. Esta semana, vamos a ver cómo abrir una cuenta bancaria corporativa. Es importante señalar que hay una diferencia entre las empresas que operan localmente y las empresas offshore, especialmente en el sector bancario. Algunos bancos en Panamá sólo abrirán cuentas para corporaciones con una “aviso de operación” – licencia comercial. Es decir, una empresa que opera localmente y está sujeta a impuestos locales. Por otro lado, algunos bancos sólo abrirán cuentas para empresas offshore. Ya no es fácil encontrar bancos que están trabajando con negocios en tierra y en alta mar.

Entre los temas que los bancos consideran son:

  1. Cumplimiento de FATCA
  2. Costo de conocer a su cliente y su debida diligencia.
  3. Perfil de la cuenta – ¿el banco hará mooney?
  4. ¿Es este tipo de negocio esta dentro de la línea de negocio normal del banco?
  5. ¿Cuánto dinero pasará a través de la cuenta versus cuánto dinero permanecerá en la cuenta?

Requisitos: abrir una cuenta bancaria corporativa

Muchos de los requisitos para una cuenta bancaria corporativa son similares a los solicitados para la cuenta bancaria personal. Pero en el caso de una cuenta corporativa, el banco querrá toda la documentación que lo devuelva al interés mayoritario o al beneficiario final.

Mantenlo simple:

Imagine, por un momento, la siguiente estructura:

UBO, corporate structure, ultimate beneficial owner, know your client, asset protection, shareholder, directors, officers, account signatory, beneficial owner, beneficiary, controlling interest, controlling person, decision makers

Si bien esto puede parecer realmente “bastante” desde la perspectiva de la protección de activos o planificación de bienes, es una pesadilla para el oficial de cumplimiento en el banco. Suponiendo que usted está abriendo una cuenta para la corporación de Panamá bajo la compañía de la explotación, el banco necesita recibir la documentación para:

  1. Su corporación panameña – cada uno de los tres directores, los firmantes de la cuenta y las copias de los documentos corporativos;
  2. El registro de acciones que muestra quiénes son “propietarios” de la empresa – una sociedad de cartera. Ahora necesitan los documentos corporativos para el holding, con la debida diligencia y conocen los detalles de sus clientes para cada uno de los directores, accionistas y funcionarios de esta compañía.
  3. El accionista del holding: una fundación. Necesitan los documentos de incorporación de la fundación, los detalles de cada miembro del Consejo de Fundación, el Protector y posiblemente incluso el fundador. Y todavía no han llegado de vuelta al último propietario beneficioso.
  4. El banco en última instancia quiere saber:
  5. ¿quién tiene el interés mayoritario?
  6. ¿cuál persona está llamando a los disparos?
  7. ¿Quién es el que toma las decisiones?
  8. En conclusión, para el banco: simple es siempre mejor. Se pueden tener en cuenta sus necesidades de protección patrimonial o de planificación patrimonial, pero debe ser capaz de explicar fácilmente la estructura al representante de servicios al cliente del banco.En una estructura corporativa con múltiples accionistas, tendrá que proporcionar conocer los detalles de su cliente para cualquier accionista o controlante que tenga más del 10%. Además, si el accionista o la sociedad de cartera es una entidad que cotiza en bolsa, espere proporcionar una prueba de ello. Asegúrese de tener la autorización adecuada para establecer la filial (resoluciones) y las personas autorizadas en la cuenta.

    Requisitos básicos de apertura de cuenta:

    Por lo tanto, ignorando la complicada estructura descrita anteriormente, ¿qué requiere el banco?

    1. Formularios de apertura de cuentas corporativas (el banco suministrará). Puede haber unas 6-10 páginas que deben ser completadas.
    2. Copias de los documentos de constitución: estatutos, resoluciones.
    3. Copia del registro de acciones
    4. Extracto del registro público – conocido por muchos como un Certificado de buena reputación
    5. Plan de negocios – los bancos están buscando algo que muestre lo que la empresa va a hacer. ¿Quiénes serán los proveedores de la empresa? Del mismo modo, ¿qué clientes tendrá la empresa?
    6. Si la empresa existe desde hace más de un año: estados financieros y / o registros contables.
    7. Fuente de fondos para el depósito inicial y las proyecciones comerciales (normalmente proporcionados en los formularios de apertura de cuenta reales)
    8. Documentación (como la proporcionada para la cuenta personal) para cada persona asociada con la corporación:
    9. directores
    10. firmas autorizadas de la cuenta
    11. accionistas / beneficiarios reales / intereses de control
    12. Formas FATCA – W8Ben, W8Ben-E, W9 – dependiendo de la situación

    Los documentos variarán dependiendo del banco que elija para abrir la cuenta bancaria corporativa, pero la lista anterior y los indicados en la página de la cuenta bancaria personal son bastante completos de lo que normalmente se espera.

    Factores a considerar:

    Una vez más, al elegir el banco hay una serie de factores que usted debe considerar:

    1. Idioma (s):
    2. en el banco – sus representantes de servicio al cliente
    3. en el centro de llamadas – ¿hay un número especial para el inglés?
    4. ¿Qué pasa con su sistema en línea?
    5. Plataforma de banca en línea
    6. ¿Es fácil de usar?
    7. ¿Tiene un buen sistema de seguridad?
    8. ¿Necesita una aplicación en su teléfono móvil, un token o cómo se generan los códigos de acceso?
    9. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de depósito / saldo mínimo del banco?
    10. ¿Cuáles son sus requisitos de flujo de efectivo?

    Nuestra oficina estará encantada de ayudarle con sus necesidades de cuentas bancarias corporativas en Panamá. También podemos ofrecer opciones bancarias en otras jurisdicciones. En algunos casos, los bancos en otras jurisdicciones son más fáciles de trabajar y ofrecen una gama más amplia de monedas y oportunidades. Beth Grey tiene experiencia en empresas comerciales locales e internacionales, especialmente en aspectos relacionados con el cumplimiento tributario y la presentación de informes. Betsy Moran tiene experiencia con problemas de cumplimiento, especialmente las pautas AML. Joan Villanueva puede ayudar con cualquier investigación de reubicación que usted pueda tener. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre sus necesidades empresariales o corporativas.

     

Cuenta bancaria personal en Panamá: requisitos de apertura.

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Cuenta bancaria personal en Panamá: requisitos de apertura.

Si bien no necesita una cuenta bancaria personal en Panamá para vivir aquí, puede reducir los precios de las transacciones y facilitar el pago de las facturas.

Razones para crear una cuenta bancaria personal

Muchos extranjeros tienen puntos de vista diferentes sobre si necesita o no abrir una cuenta bancaria personal. Si usted tiene una cuenta en dólares estadounidenses, puede haber una poca diferencia en los cargos bancarios. En otras monedas, los cargos bancarios podrían ser altos y podría ser motivo suficiente para crear su cuenta aquí.

Otra razón para establecer una cuenta bancaria personal en Panamá es solicitar la visa de las naciones amigas. Un requisito es que usted tiene una cuenta personal con no menos de un equilibrio de mediados de cuatro cifras. Debe depositar al menos USD $ 5.000 en la cuenta. La visa de las naciones amigas le proporcionará la residencia permanente, también proporciona un permiso de trabajo (dependiendo de qué aplicación usted hace). Y te permite naturalizarte como ciudadano panameño (si tener un segundo pasaporte es tu objetivo).

Pagar facturas en línea: muchos de los bancos le permitirán pagar facturas en línea, aunque esto no es para todas las compañías de servicios públicos. Algunos todavía requieren el pago en su oficina o/a través de un intermediario aprobado. También puede pagar sus impuestos personales en línea a través de algunos bancos (como el impuesto sobre la renta o los impuestos sobre la propiedad).

Requisitos: cuenta bancaria personal

Los requisitos varían ligeramente de un banco a otro. No obstante, los requisitos generales son los mismos:

  • Completar los formularios de solicitud de cuenta bancaria, cada uno de ellos
  • Su pasaporte (el banco hará su propia copia para el expediente)
  • 2da identificación – como por ejemplo la licencia de conducir
  • Carta de referencia profesional – como la de un abogado / contador / empresa con la que ha trabajado
  • Referencia bancaria – están buscando la prueba de una relación bancaria de más de 2-3 años

O Si no tiene una “cuenta bancaria” pero tiene una cuenta de cooperativa de ahorro y crédito, esto normalmente funcionará.

O Pueden aceptar una carta de cuenta de inversión en lugar de un “banco”

  • Depósito mínimo de apertura: $ 1,000.00 (algunos bancos requieren menos)
  • Balance minimo:

O chequeo: usualmente entre $ 250.00 y $ 1,000.00

O ahorros: usualmente entre $ 500.00 y $ 1,000.00

Los formularios de solicitud son prueba de la fuente de los ingresos: el banco está interesado en saber cómo usted se apoya financieramente y de donde deben esperar recibir ingresos para la continuidad de la cuenta bancaria.

Si usted está solicitando su visado de naciones amigas a través de nuestra oficina, estaremos encantados de acompañarle al banco para su entrevista inicial.

Elegir un banco:

Considere lo siguiente al elegir dónde solicitar su cuenta bancaria personal:

  1. Donde usted vive y las opciones bancarias que usted tiene más cercanas.
  2. Banca en línea – cuáles proporcionan su sitio web en idioma inglés.
  3. ¿Qué servicios de banca en línea ofrecen?
  4. ¿Usted / su amigo / la empresa para la que trabaja ya tiene una relación con el banco? ¿Ha tenido una experiencia previa acerca del banco donde desea realizar la apertura de cuenta?
  5. Escrudiñar opiniones sobre el servicio al cliente – usted será capaz de encontrar quejas contra todos los bancos, pero algunos son mejor calificados que otros.
  6. ¿Cuál es su plataforma de seguridad en línea? ¿Necesitará un widget para pagar las facturas y realizar transferencias?
  7. Número de cajeros automáticos disponibles en su área de la ciudad si desea recibir dinero en efectivo.

Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina para obtener ayuda.

Adoptar una ley no es suficiente

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Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

centrofinanciero5If you read Panama’s recent headlines, you might be forgiven for thinking that all we have here are scandals and corruption, no laws in Panama and no Criminal Code.  If you’ve driven in Panama, you might also be lead to believe that we don’t have a Road Code.  That’s not true!  We have all the laws we need – we just selectively comply with them, due to selective enforcement.  One of my pet peeves in Panama is that drivers STILL don’t know how to go around a round-about!

I highlight this because in 2014 Panama was once again grey-listed by GAFILAT  (the Latin American Financial Action Group, a member of the FATF), in spite of having AML (anti-money laundering) and CFT (couter financing of terrorism) laws in place.  An IMF visit to Panama highlighted the lack of enforcement of 16 of the principal FATF recommendations.  Panama’s principal problem has been one simply of enforcement of the laws that it has. In October 2015, when FATF meets in Europe, Panama will request another evaluation of the measures taken in the past 18 months to ensure enforcement of the laws and compliance with the principal recommendations.

The reality of Laws in Panama

While Panama changed its rules regarding Bearer Shares (requiring that they go into custody or switch to registered shares) and adopted KYC (know your client) rules for lawyers and registered agents, without mentioning the regulations, procedures and reporting standards that exist for financial institutions, it has customarily ignored an important part of the process relating to implementation and supervision.

I will admit, when Panama adopted Law 23 in April of 2015 I groaned – “another law, another supervisory body”: as if there weren’t enough already! As lawyers, we are already subject to the Fourth Chamber (Sala Cuarta) of the Supreme Court, as well as being subject to the oversight of the Colegio Nacional de Abogados (Panama’s Law Society).  We already had Law 2 (2011) and Law 47 (2013).  And yet, neither of these bodies is charged with the oversight and supervision of compliance with AML/CFT rules.

Law 23 (2015), whose purpose is “to prevent money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction” established the framework for the “Administration Office for Supervision of Non-Financial Subjects”, as part of the Ministry of Economy & Finance.  The administrator, Francisco Bustamante, has already participated in meetings to establish a series of training sessions, particularly aimed at operators of the Free Trade Zone in Colon, to ensure best practices are incorporated into policies and manuals, and communicated to all employees that deal with financial transactions.  There is a long list of enterprises that will now fall under the supervision of this office, which were previously not supervised by any bodies.  To date, supervision had been limited to the Banking Superintendence (banks and trust companies), the Insurance Superintendence (insurance companies & brokers), the Securities Market Superintendence (stock exchanges, brokers & dealers, investment advisers), and the Cooperatives.

This new office, which we will refer to as the AOSNFS (Administration Office for Supervision of Non-Financial Subjects), has the oversight of 16 sectors of the economy, which previously were reported to FAU (Financial Analysis Unit of the Ministry of Economy & Finance) in the case of suspicious financial transactions, but which were not directly subject to any supervision.   There are now 20 new “subjects” that will need to report suspicious transactions over the $10,000.00 limit.  These sectors are the following:

  • Free Trade Zone companies, including Colon FTZ, Barú FTZ, Panamá-Pacifico & Bolsa de Diamante
  • Remittance services (for sending money)
  • Casinos, betting agencies and other forms of gambling 
  • Developers and real estate agents – when they are involved in the transaction for their client
  • Construction companies, including contractors and sub-contractors
  • Savings & Loans companies
  • BDA – Agricultural Development Bank
  • BHN – National Mortgage Bank
  • Currency exchanges
  • National Lottery
  • Pawn shops
  • Security transport services
  • Mail service
  • Jewelry shops & intermediaries of precious metals and precious stones
  • New & used car sales
  • Other activities by professionals:
    • Lawyers
    • Accountants
    • Notaries public
  • It is expected that over time the AOSNFS will issues procedures and policies to be followed by companies within each of these sectors for compliance with AML/CFT measures.   With the implementation of this law, adopting Executive Decree 361 (August 2015), which gives an organic structure to the AOSNFS, including offices and sub-directors, it is expected that Panama is 90% compliant with the 6 basic action plans that were agreed upon to get Panama off the grey list. Additionally to Law 23 (2015), Panama has also made modifications to the Criminal Code (tighter money laundering rules, among other things) and also a law to enhance and enable international cooperation with other agencies.  As of July 2015, a round of seminars for FTZ companies and currency exchange companies already began.  But, there is still a ways to go; the AOSNFS still has to finish appointing its staff, decide which systems and software to use, and then start the laborious task of working with each segment of industry to adopt appropriate Risk Based Approaches for AML/CFT.

    As usual, the newspaper headlines in Panama focused on the fact that lawyers, accountants and auditors were to come under supervision by the AOSNFS; and yet, when you read the actual article, the main changes are with the Free Trade Zones, currency exchanges, pawn shops and remittance services.  But it’s much more interesting to focus on the lawyers and accountants!  Or as another news headline read “Even your lottery winnings will be scrutinised”, since one of the resolutions adopted by the AOSNFS indicated that winnings over $500.00 should be reported, as well as pawning more than $1,500.00 or sending more than $2,000.00 through remittance services.  As of today, the AOSNFS has adopted and published 14 resolutions, regulating the type of reporting to be undertaken by different sectors.

    If in New Zealand and Australia they have come to realise that dirty money has driven up property prices, would it be true to say the dirty money is responsible for holding Panama’s property prices at an unrealistic high?  Overseas research points out that money laundering is much easier in major cities and it has a large impact on property prices, especially as prices in London have soared.  In Mexico, after adopting new AML regulations for realtors, pawn shops and used car dealers, companies complained that business had dropped some 30% (Latin America: Money Laundering Grows). Panama’s requirements for developers, realtors and construction companies, in the past, were not stringent enough to deal with these issues, so some have speculated that our real estate bubble need never burst.

    The new regulations (Resolution JD-001-015 of the 14 of August 2015), however, provide very practical requirements for ensuring that AML/CFT measures are adopted:

    • Developers must obtain proper due diligence from any investors who participate in the project
    • Builders and sub-contractors must verify the identity and details of the developer of a project
    • Developers must obtain proper due diligence on realtors and agents that sell the project
    • Real Estate companies must have proper documentation identifying each of their agents and any independent agents they work with
    • Realtors and real estate companies must identify who is the person buying the property, and if a corporation is used, the person controlling the corporation
    • In the event of any cash or cash-like transactions, identify any suspicious transactions.

    Listed among the measures to be adopted, are requirements such as knowing what the purchase of property is to be used for, knowing the client in person, as well as other ways to verify the documentation that has been received.  In the case of any cash or cash-like transaction, the client should provide:

    • Full name
    • Birth date
    • Country of birth and nationality
    • Gender
  • Civil status
  • Passport or ID number
  • Country of residence
  • Address
  • Postal address, if different
  • Home phone number
  • Work address
  • Work phone number
  • Mobile phone
  • Email address
  • Profession or occupation
  • Source of funds
  • In the case of a corporation, foundation or other legal entity being used in a purchase, it is additionally required to get full documentation on the corporation, the officers, directors and shareholders, and identify the ultimate beneficial owner.  Additionally, banking and commercial references should be obtained.  PEP rules have also been introduced with these regulations, which is especially important given Panama’s recent scandals involving members of the past government and their property purchases.

    Along similar lines, lawyers, notaries and accountants are required to obtain similar information regarding their clients, for real estate transactions (when they are acting on the client’s behalf). In all of the following cases, this information is required to be obtained:

    • Purchase of real estate
    • Administering funds, securities or other assets on the client’s behalf
    • Administering bank or securities accounts
    • Organising capitalisation of a company or its administration
    • Creation of corporations, foundations, trusts etc., or their administration

     

  • Purchase of a corporation or other entity
  • Providing a director for a corporation or legal entity
  • Providing a registered or physical office address for a corporation or legal entity
  • Providing a nominee shareholder for a corporation
  • Providing a nominee settlor for a trust or similar
  • Acting as registered agent of a corporation or legal entity
  • In the event that the client uses cash or cash-like transactions to pay, over USD$10,000.00, the professional should take extra care to ensure that full compliance with the AML/CFT measures is met.  These measures are the following:

    • Full name
    • Address
    • Postal address, if different
    • Phone number
    • Mobile phone
    • Fax number, if applicable
    • Email address, if applicable
  • Principal economic activity
  • Commercial and banking references, and in the case of acting on another person’s behalf, this person’s contact details
  • Written evidence of the references or a power of attorney with corresponding documentation is also acceptable
  • Source of funds
  • As with the case of realtors, in the case of acting on behalf of a legal entity, full due diligence on the parties involved should be obtained, such that the ultimate beneficial owner and other controlling parties are all identified.

    In the case of any suspicious transactions, all “non-financial subjects” are required to report the transaction directly to the UAF, in which case they are prohibited from informing the client of the report filed.  Law 23 protects the informant from any civil or criminal action being taken against them by the client for having reported the transaction, as it is not considered to be a breach of confidentiality or privilege to report a suspicious transaction under this law.

    The issue of AML/CFT will not simply be taken care of by laws in Panama and regulations – without actual supervision and implementation, it will be difficult to ensure that Panama is truly compliant.  Unless it assigns enough resources to make enforcement effective, money laundering (whether from corruption, drugs or other crimes) will continue to be a blot on Panama’s reputation.

    bethgray4

    Our team is ready to help you with your project. Vision is not enough; it must be combined with venture. It is not enough to stare up the steps; we must step up the stairs. ~Vaclav Havel 

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    Agente Residente en Panamá – Reglas de Conocer a su Cliente

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    beth-gray

    In recent years, the fight against money laundering has gained importance in the priorities of many countries. Moved by FATF, governments from principal financial centers have worked to identify money laundering typologies, develop recommendations on best practices to combat money laundering and encourage cooperation among national law enforcement and regulatory agencies.  In response to this, Panama has adopted laws under which lawyers (as registered agents) are required to fulfill certain basic “Know Your Client” (“KYC”) or “Due Diligence” requirements, similar to those imposed on banks and other financial institutions.   Since 2011, these rules have been in place for all new incorporations (corporations, foundations, trusts and other legal entities), and in February 2016 all Registered Agents in Panama must have the KYC documentation in place for all active corporations under their management, irrespective of the date of incorporation.

    In this post, I will present the historical and legal background of these requirements, as well as a brief synopsis of the political and economic reasons for compliance with these new rules.  I will then enter into detail regarding the requirements of Law 2 (2011) – What does it require? Who must comply? and What does compliance entail?   This post will then present how lawyer-client privilege is maintained under these laws, and how information may be legally requested (due process).  Finally, I will close looking briefly at the effects of non-compliance on the Registered Agent.

    Background laws and regulations

    Law 32 (1927), which establishes the legal framework for incorporation of corporations in Panama, establishes in Article 2, subsection 7, that all corporations must have a Registered Agent in Panama.  Until 1966, the Registered Agent could be any person or legal entity, and it did not need to be a lawyer.  However, Decree 147 (1966) changed this, indicating that since the Registered Agent may be required to exercise some responsibilities that were reserved specifically for lawyers, it was necessary that the Registered Agent be either a lawyer or a law firm.

    While Panama has been under scrutiny for many years for failing to comply with international investigations and cooperation against drugs and money laundering, the rules in Panama have actually required compliance and generally been effective.  There have been a number of international studies which have run practical exercises to test compliance, and they have generally found that Panamanian lawyers and Professional Service Providers are more compliant than their US, UK or Australian counterparts.  For examples, please see:

    In 1994, Panama enacted Executive Decree 468 which established the obligations and responsibilities of Registered Agents to “Know Your Client”. These regulations were originally limited to money laundering relating to drugs, but this was expanded in 2006, by Executive Decree 124, to include Drugs, Money Laundering and Terrorism.   The purpose of this regulation was to protect the reputation of Panamanian corporations, to ensure that they could not be used for drug-related money laundering.  This established that all lawyers or law firms who acted as registered agents for corporations were required to “know your client” and have sufficient information to be able to identify the client to the “competent authorities” when so required.  Lawyers were required to provide this information to the Prosecutor or to a Court, if such information was requested because of an investigation being underway in Panama or a request through an MLAT.  These regulations protected the lawyer, or law firm, that provided this information, stating that this was not considered to be a breach of the lawyer-client privilege and confidentiality that the lawyer was required to maintain.  It further provided that the lawyer or law firm would be considered to be in contempt of court for failure to identify the client without just cause (such as failure to follow due process).

    Pressure to comply

    For over twenty years, Panama has been under pressure to become compliant with the FATF 40 Recommendations, which include rules regarding banking, holding of records and exchange of information.  It is also under pressure for the exchange of information for tax purposes, as can be seen by the 30 treaties negotiated as of the 14th of September 2014, by Panama on Double Taxation or Exchange of Information, of which 25 are already in force (Tax Treaty page, MEF).  Furthermore, Panama is becoming FACTA compliant, having already agreed in substance to the terms of the model 1 IGA (see Count down to FATCA, FATCA archiveIGA under FATCA, IGA monitor and Panama complies with FATCA).  To this end, Panama has established in the Ministry of Economy & Finance an International office to handle all requests for information.

    The principal pressure applied to Panama is through the banking sector, where in 2014, after being placed on the FATF grey list, Panamanian banks lost 21 correspondent banking relationships.  Banks have, however, been reporting suspicious transactions to the UAF (Financial Analysis Unit of the Ministry of Economy & Finance) since its inception in 1995. Nevertheless, this is not sufficient for compliance with FATF, and following a review and being placed on the grey list, one US bank cancelled all its correspondent relationships with Panamanian banks, and at the time there were 14 banks who only had 1 correspondent banking relationship left.  This pressure lead the banking sector to push strenuously for compliance from all sectors of the economy, in order to release the pressure that they were under.  At that time, the principal issue at stake was the Immobilisation of Bearer Shares, which was not to come into effect until 2015, with some parts of the law coming into effect in 2018.  One of the results of this was that the introduction of Law 18 (2015), which sped up the implementation of Law 47 (2013).

    In 2017 Panama will be under review for compliance with the FATF 40 recommendations, and this review will place particular importance not only on the adoption of laws (which Panama has already done), but the effectiveness of these laws, the regulations and structures that the country has in place to actually be able to comply.  Therefore, in addition to having adopted the necessary laws, it is necessary for Panama to have put into place any regulations of how the law will be implemented, who will implement the law and the budget that these offices require in order to be effective.  It should be noted that Panama has rejected automatic exchange of information (i.e. that foreign government offices can directly request information from our banks or lawyers), and has implemented systems for exchange of information following due process, in order to avoid fishing (or phishing) expeditions.

    Law 2 (2011)

    In February of 2011, Panama adopted Law 2 “which regulates the measures for Know Your Client for registered agents of legal entities existing according to the laws of the Republic of Panama”.   This law applies to all registered agents (lawyers or law firms), to ensure compliance with Know Your Client rules, to prevent money laundering, terrorism financing and any other illegal activity according to the laws of the Republic of Panama, as well as to satisfy Panama’s obligations under international treaties or conventions.  This law enables Panama to require information from a Registered Agent regarding the owner of a corporation for the purposes of the Double Taxation and Information exchange treaties that it has signed.

    What does it require?

    This law requires that the Registered Agent:

    1. Identify who is really the client and verify their identity
    2. Obtain information from the client regarding the purpose of the legal entity – what is it being set up for?
    3. Provide this information to a “competent authority” in the case of a legitimate request.

    Under this law, a “competent authority” who may request information from a Registered Agent is defined as:

    • Ministerio Público (public prosecutor) or Courts, in the case of money laundering, financing of terrorist activities and any other illegal activities according to the laws of Panama
    • Administration Office for Supervision of Non-Financial Subjects (under Law 23 of 2015)
    • General Direction of Income of the Ministry of Economy & Finance, for compliance with international treaties or conventions which have been ratified by Panama.

    What does compliance entail?

    Compliance under this law means that before even establishing a relationship with the client, the law or law firm must identify who the client is and verify their identify, as well as get the information necessary to know what the purpose of the legal entity is.  Without this information, the lawyer should not proceed to undertake any work for the client.  In the event that the lawyer is unable to obtain updated information, they should abstain from any new work requested.  It is also necessary to have the processes in place to be able to update this information, should the client transfer or assign their interest in the company to another person, or where the client’s information has changed (such as a passport expiring) and needs to be updated.  It is also necessary to know who holds the bearer shares of a company.

    The minimum requirements for compliance are the following:

    Natural person Legal Entity Professional Intermediary
    • Complete name, address and mailing address
    • Phone number, mobile phone, fax number  and email address
    • Principal economic activity
    • Copy of their national ID card or passport
    • Declaration – what will they use the legal entity for?  (for each corporation requested)
    • Contact details for a banking or commercial reference (or banking and commercial reference letters)
    • Complete name, jurisdiction and incorporation details
    • Registered address and mailing address
    • Phone number and fax number
    • Name of the legal representative or manager, and their email address
    • Principal economic activity
    • Copy of national ID card or passport of each person that has more than 25% interest (unless a public registered company)
    • Copy of incorporation documents
    • Declaration – what will they use the legal entity for?  (for each corporation requested)
    • Contact details for a banking or commercial reference (or banking and commercial reference letters)
    • Complete name, jurisdiction and incorporation details
    • Registered address and mailing address
    • Phone number and fax number
    • Name of the legal representative or manager, and their email address
    • Principal economic activity
    • Copy of incorporation documents
    • Declaration from their client – what will they use the legal entity for?  (for each corporation requested)
    • Certification that:
      • they maintain a relationship with the person for whom they are requesting the registered agent services
      • their KYC practices, including the case of bearer shares
      • that they will provide, upon request, all the information to identify the client that they represent according to the requirements and procedures of their applicable legislation
    For the professional intermediary, this applies in the case of those persons  (lawyers, bankers, trust companies, insurance companies, brokerage houses and CPAs) who belong to professional associations whose best practices require that they adopt and maintain professional standards to prevent and detect money laundering.

    This information may be kept  in physical or electronic files, and must be held for at least five years by the registered agent.  In the event that the registered agent loses contact with the client, after three years of no contact (and failure to pay the annual license fees for the client), the lawyer should resign as registered agent of the company, and is only required to keep the records for a further two (2) years.

    In summary, compliance entails the following responsibilities:

    • identify the client
    • identify the purpose of the company or legal entity
    • cooperate with due process (a competent authority requesting the identify information of a company owner in a due case)
    • update the client information and maintain records
    • train staff with respect to KYC rules (in house)
    • apply the KYC policy across the board in their office
    • comply with any request from a competent authority for informationi
    • maintain confidentiality of the information

    Lawyer-Client Privilege and Confidentiality

    The general rule provided by Law 2 is that the information provided to the Registered Agent (or to any public servant belonging to a competent authority) is considered too be confidential and maintained in strict reserve.  Article 8 provides for fines from $1,000 to $25,000 in the case of breach of this confidentiality, without prejudice to any civil or criminal proceedings that may be brought for breach of the confidentiality.  Nevertheless, the public interest of disclosure under due process outweighs the right to non-disclosure of the name of the beneficial owner when properly and duly requested.  The Registered Agent is specifically exempted in the disclosure of the information requested under this law.

    Due Process and Requests for Information

    The law establishes, in Article 12, the process for a request for information. This request should be made in writing by the “competent authority”, upon fulfilling the due process required by Panama’s rules, requirements and procedures, to the registered agent:

    1. To provide the information that they hold regarding the client;  and
    2. To provide the documentation that backs up this information in any format (physical or digital) that they have.

    This request from the Panamanian authorities should fulfill the following requirements:

    1. It must indicate the reasons for this request for information (what is the legal basis – either a process being undertaken in Panama or a request from a Treaty party);
    2. The time period (term) in which the registered agent must provide the information (no less than 5 working days); and
    3. The office and address to which the information should be delivered.

    The response from the law firm should be presented on plain paper (or in electronic format if so advised), in which they legibly detail the information which is required by law.  The competent authority should be able to confirm that they have complied with the requirements of Article 6 (identification of the owner) simply and easily.

    It should be noted that the lawyer is not required to provide any other information or documentation apart from that specifically identified in this law, including anything covered by lawyer-client privilege.  This means that the lawyer is not required to identify any bank accounts, transactions or other documentation that they have, apart from the identity of the owner of the company.  Furthermore, the law specifically establishes that this law does not authorise the authorities to conduct any search and seizures of law offices, nor to remove from their premises any records or files (electronic or physical), and that in order to conduct any such search and seizure all due process of the Panamanian law would need to be complied with separately and apart from this law.

    Another important point is that Article 16 indicates that the registered agent is not required to provide the information where the Competent Authority fails to provide the legal basis for the request, or where due process has not be fulfilled, or whether the information leading to the investigation has been obtained by illegal means (such as illegal wire taps, illegally obtained evidence, etc.), whether by the Panamanian or international authorities.  Therefore, Panamanian authorities will need to ensure that their counter-parties are fully compliant with due process in their requests for information.

    Effects of non-compliance on the Registered Agent

    Should a registered agent (lawyer) fail to comply with these rules, they risk fines and even having their license to practice law being suspended for up to three (3) years.  Articles 18 to 31 of Law 2 (2011) deal with the process that should be followed to file a complaint against a lawyer (or law firm) who:

    1. provide incomplete information or fail to provide up-to-date information
    2. fail to deliver the information or documentation; or
    3. repeatedly fail to provide complete and up-to-date information or systematically fail to comply.

    In closing, I hope that this article has clearly outlined the steps that Panama has taken to comply with their Gatekeeper’s Initiative, to ensure that from the outset lawyers are cooperating in the battle against money laundering and the financing of terrorism.  This initiative began when the G-8 Finance Ministers in Moscow called on countries to consider means to address money laundering through the efforts of professional gatekeepers of the international financial system, in which lawyers and company formation agents form an important part.

    More information

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    Custodio de acciones al portador (parte 2)

    by

    beth-gray

    En la segunda parte de este artículo, yo presentaré los requisitos técnicos para mantener las acciones en custodio, incluyendo la documentación que el Custodio Autorizado deberá solicitar, y lo que el cliente deberá suministrar para poder tener las acciones bajo custodio.

    Este artículo brevemente mencionará los requisitos de un Custodio Autorizado, especialmente si un custodio extranjero quiere ser autorizado, además de rapidamente ver sus responsabilidades.  Este también especificará los detalles de la declaración que el dueño beneficiario (se llamará el ¨último dueño beneficiario” o “UBO”) deberá firmar para el Custodio Autorizado y otra documentación, y lo que un UBO deberá hacer en el evento de vender las acciones de la compañía a otra persona, o para lo que requiere para su planificación de patrimonio.

    Custodio Autorizado

    Como mencionamos en nuestro último artículo sobre el Custodio de Acciones al Portador, un custodio local autorizado puede ser:

    También es posible para custodios extranjeros ser autorizados para mantener las acciones al portador en custodio.  Los requisitos para bancos extranjeros, compañías de fideicomisos o intermediarios financieros son:

    • deben ser de una jurisdicción de un miembro de FATF, o
    • deben ser de una jurisdicción de un miembro asociado con el FATF; y
    • deben estar registrados ante la Superintendencia de Panamá, quienes deben tener un registro especial de compañías extranjeras.

    Los requisitos mínimos para un custodio extranjero son:

    1. Detalles generales de registro de sociedad – fecha de registro, detalles legales y detalles del contacto
    2. Certificación de licencias que mantiene (de servicios de banca, fideicomiso o financieros), la cual deberá ser traducida al español
    3. Nombramiento de un agente de notificación panamaeño
    4. Declaración que confirma que
      1. Tiene los requisitos de Conozca su Cliente que cumplan con los estándares requeridos por la Ley 2 (2011)
      2. Que le suministrará al agente residente de la compañía detalles completas sobre el dueño beneficiario de las certificados de acciones que mantiene bajo custodio..

    La Superintendencia Bancaria de Panamá tiene plena autoridad para regular estos requisitos, lo cual han hecho bajo Acuerdo No. 4 (2015), el cual fue publicado en Junio 2015 en la Gaceta.  Para más información, por favor referirse a su página: Custodios Autorizados de Acciones al Portador.  Hasta ahora, no se han registrado custodios extranjeros.

    Las Responsabilidades de Custodios Autorizados

    El custodio autorizado tiene las siguientes responsabilidades:

    1. mantener toda la documentación relacionada con este servicio en su sede en Panamá (o en el caso de custodios extranjeros, en su dirección registrada)
    2. tener custodio físico de los certificados de acciones en su sede en Panama (o en el caso de custodios extranjeros, en su dirección registrada)
    3. mantener todos los anteriores bajo estricta confidencialidad, tal como lo requiere Ley 47 (2013)
    4. brindar esta información cuando así lo requiere las autoridades competentes de Panamá (lo cual no se considerará una violación de la estricta confidencialidad requerida como se describe arriba, ni una violación de la confidencialidad o del derecho a la privacidad)
    5. emitir una certificación sobre el dueño de las acciones cuando así lo requiere una orden judicial, el dueño beneficiario de las acciones o el tenedor del gravamen (en el evento que exista un gravamen sobre las acciones)

    En el caso de un custodio extranjero, hay un requisito adicional que ellos deberán hacer uno del siguiente:

    1. depositar un bono de $25,000 o
    2. brindar al agente residente de cada compañía de la cual mantiene acciones con una notificación de su designación como custodio autorizado, además del nombre completo y detalles sobre el(los) dueño(s) de las acciones que se mantienen bajo su custodio (lo cual no se considerará una violación de la estricta confidencialidad requerida arriba ni una violación de la confidencialidad ni del derecho a la privacidad).

    Si ellos depositan un bono, el custodio extranjero solamente tiene la obligación de suministrar al agente residente con la notificación que ellos son el custodio designado de las acciones, y que entonces solo están obligados a brindar la información sobre el último dueño beneficiario cuando así lo solicita una autoridad competente de Panamá.

    Declaración del Dueño Beneficario

    Los Artículos 8 y 9 de la ley especifican diferente información y declaraciones para las compañías registradas antes de que la ley se hizo vigente, y para las compañías registradas (permitiendo que acciones al portador se mantengan bajo custodio desde el 4 de agosto del 2015):

    Artículo 8: companies incorporated before August 4, 2015:  At the moment of handing the bearer share certificate into custody, the following information should be provided by Affidavit:

    1. Details of the owner(s) – UBO:
      1. complete name
      2. nationality (or jurisdiction, in the case of another legal entity)
      3. cédula (national ID card), passport or registration number (in the case of another legal entity)
      4. phone number and email address (or fax number)
    2. Registered agent details:
      1. complete name
      2. physical address
      3. phone number and email address (or fax number)

    The owner of the bearer shares will in all cases be deemed to be the person that appears in this sworn affidavit.  (Please note that the Authorised Custodian may request additional information.  These are merely the minimum requirements).

    Article 9: companies incorporated after August 4, 2015:  At the moment of handing the bearer share certificate into custody, the following information should be provided by Affidavit:

    1. Details of the owner(s) – UBO:
      1. complete name
      2. nationality (or jurisdiction, in the case of another legal entity)
      3. cédula (national ID card), passport or registration number (in the case of another legal entity)
      4. address
      5. phone number and email address (or fax number)
    2. Registered agent details:
      1. complete name
      2. physical address
      3. phone number and email address (or fax number)

    The owner of the bearer shares will in all cases be deemed to be the person that appears in this sworn affidavit.

    Transfer of the Shares

    One significant change in the handling of bearer shares, now that they will be in custody, is that the transfer of ownership no longer happens by the simple delivery of the share certificate to another person.  Previously, to transfer bearer shares, you simply handed the share certificate to another person (no contracts or documentation required), and they were the new owner.  But since the UBO will no longer have the share certificate in their power, the minimum requirement will be that the custodian must be formally notified in writing of the transfer, and the new owner must deliver to the authorised custodian the affidavit required for the beneficial owner.  We would recommend to clients that they consider documenting the transfer with a contract or donation document, depending on the case.

    Estate planning considerations

    Likewise, for the transfer of the shares in the case of the death of the ultimate beneficial owner, it will no longer be as simple as giving the future beneficiary the location or access to the key of the safety deposit box or telling them “the share certificates are under my bed”.  The UBO will need to provide the Authorised Custodian instructions in writing (we have not yet seen any regulations regarding this part, but for now would recommend to the client a notarised letter of wishes) instructions regarding how the shares are to be transferred in the event of their death.  These instructions take prevalence over any hereditary rights or rules in the UBO’s country of residence, according to article 13 of Law 47 (2013).

    It should be noted that this transfer does not give the heirs any rights during the lifetime of the UBO, but only upon the death of the UBO, for which the heir(s) must present the death certificate (but no court order is required).

    Any specific questions regarding these clauses should be addressed to a lawyer for advice.

    El custodio de acciones emitidas al portador

    by

    beth-graySe referían a Panamá como un país donde podías tener acciones al portador, y habían pocas regulaciones, o ninguna, que fueran importantes.  Cambios adoptados a nivel internacional han impactado a Panamá, y Panamá se ha comprometido seriamente a transparencia y combatir actividades ilegales que se benefician de estructuras corporativas.  Después de un periodo de consultas amplias con expertos, practicantes y profesionales, Panamá finalmente adoptó un marco regulatorio en el 2013 (modificado en 2015) para el uso continuo y legal de acciones al portador, y se introdujo el concepto de Custodio Autorizado para mantener el custodio de acciones al portador, y de cumplir con el mínimo de información relacionado con el dueño beneficiario de esas acciones.

    El propósito de guardar acciones al portador en custodio es de facilitar el acceso a información sobre accionistas de compañías que emiten acciones al portador, para casos de lavado dinero u otras actividades criminales.  Todavía se cuestiona la inmovilización en Panamá de las acciones al portador, algunos en Panamá consideran que hay un doble estándar en la OECD ya que hay en Wyoming, EE.UU., se aceptan instrumentos al portador y el Reino Unido acepta derechos al portador.

    Características claves innovadoras: introducción del Custodio Autorizado y una enmienda automática en el Pacto Social.

    La Ley 47 (2013) introdujo el custodio de acciones al portador, permitiendo un periodo de gracia de tres años desde la fecha que ésta fue efectiva (no estaría efectiva hasta por 2 años), lo cual permite a esas compañías que tenían acciones al portador antes de que la ley fuera efectiva de mantener esa estructura de acciones al portador hasta el 5 de agosto de 2018.  Sin embargo, en abril del 2015, este periodo de gracia se cambió para todas las compañías, y ahora sólo tienen hasta el 31 de diciembre de 2015 para decidir cómo van a manejar las acciones al portador:

    1. la compañía debe adoptar una resolución que autoriza la inmovilización de las acciones al portador, y la entrega de las acciones al portador a un custodio autorizado
    2. o sólo debe adoptar acciones registradas.

    Si la compañía no adopta una resolución de la junta directiva (que se debe registrar en el Registro Público) que indica que van a mantener acciones al portador e inmovilizarlas, la ley entonces modifica el Pacto Social de la compañía para prohibir la emisión de acciones al portador y asegurar que todas las acciones solamente serán registradas.

    Uno de los beneficios de la modificación de abril 2015 es que las corporaciones ya no tendrán que pagar para modificar su Pacto Social (esto era una tarea que todos los agentes residentes y el Registro Público percibían que iba ser monumental y costoso) para poder adoptar solamente Acciones Registradas.  La ley detalla que el cambio ocurrirá automáticamente, al menos que la compañía especificamente indica que tendrá acciones al portador, y que éstas serán inmovilizadas y puestas bajo el custodio de un Custodio Autorizado.

    Si desea colocar las Acciones al Portador bajo el custodio de un Custodio Autorizado, tiene las siguientes opciones:

    1. Los custodios autorizados por la Superintendencia Bancaria
    2. Bancos, casas de valores y custodios que han solicitado ser custodios, y que han presentado su documentación (manuales y procedimientos) para el custodio de acciones al portador a sus Superintendencias correspondientes.
    3. Bancos y administradores extranjeros de países que son miembros del Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI)
    4. Abogados o bufetes de abogados que están en el registro especial de la 4a Cámara (Comercio General) de la Corte Suprema de Panamá.  Ud. podrá ver la lista de abogados y bufetes aprobados en el Sitio Web de la Corte Suprema.  Gray & Co. ya ha solicitado ser agregado a esta lista, y deberá aparecer allí pronto.  Una vez aprobados y agregados a la lista, solicitaremos una certificación de Custodio Autorizado y podremos brindarle copia si lo requiere.

    Los custodios de acciones al portador estarán todavía sujetos a las reglas normales sobre la privacidad y confidencialidad que corresponde a la propiedad de estas acciones al portador, pero también podrán ser solicitados por las autoridades apropiadas que hagan la diligencia debida para revelar esa información.

    Considerando la cronología:

    • Las compañías que fueron registradas antes de la vigencia de esta ley, sólo tendrán hasta el 31 de diciembre de 2015 para decidir cómo van a manejar el asunto de las acciones al portador, y de adoptar una resolución con la decisión de guardar las acciones en un Custodio, de otra manera la ley detalla que su Pacto Social es automáticamente enmendada para indicar que no se permiten las acciones al portador.  Si toma la decisión de cambiar a Acciones Registradas solamente, solo necesita coordinar con nosotros la resolución corporativa que cancela su certificado de acción al portador, y que emite un nuevo certificado de acción con acciones registradas.
    • Si desea mantener Acciones al portador, y tenerlas bajo custodio, Ud. debe contactarnos inmediatamente para coordinar la preparación de la resolución de la Junta Directiva, la cual deberá ser entregada al Registro Público, indicando que Ud. tendrá acciones al portador guardadas por un Custodio Autorizado.  Esto deberá ser finalizado antes del 31 de diciembre de 2015.
    • Gray & Co. estará registrando todas las compañías nuevas con Acciones Registradas solamente, al menos que clientes nos indiquen específicamente que quieren incluír la opción de Acciones al Portador bajo el custodio de un Custodio Autorizado.  Esto ya ha sido implementado con todas las compañías nuevas desde Abril del 2015.
    • Todas las compañías registradas desde el 4 de agosto de 2015, los cuales indican que pueden emitir acciones al portador y guardados bajo custodio, deberán enviar esas acciones al portador al custodio del Custodio dentro de los 20 días después de su registro.

    Por favor contáctenos para más información sobre estructuras corporativas y la utilización de acciones al portador o registradas.